La moratoria, que fue aprobada por 31 votos a favor y 2 en contra, protegía al pequeño comercio y al territorio, ya que suspendía la creación o ampliación de superficies de más de 700 metros útiles en suelo urbanizable y rústico, con la excepción de la exposición y la venta de automóviles, maquinaria, embarcaciones y aeronaves en establecimientos de menos de 2.000 metros.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares considera que esta moratoria vulnera la legislación en materia de unidad de mercado y de defensa de la competencia. En esta línea, el Tribunal califica la moratoria de verdadera "prohibición", en lugar de una mera suspensión.

La sentencia considera que las razones de protección medio ambiental, preservación del suelo rústico, patrimonio histórico y artístico carecen de fundamento real para justificar la prohibición impuesta, ya que las grandes superficies comerciales solo pueden implarse en solares urbanos que ya han sido transformados porque el legislador ya ha previsto detalladamente el concreto suelo destinado a uso comercial.

Las restricciones a la actividad económica, recuerda la sentencia, sólo caben de forma excepcional y deben respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. En este caso, la moratoria del Consell de Mallorca no motiva las razones de esa limitación, por eso ha sido declarada nula de pleno derecho y contraria a la legalidad.

Por último, el Tribunal considera que la moratoria vulnera la legislación en materia de defensa de la competencia, al no haber motivado la proporcionalidad de la medida adoptada.

En un comunicado, ANGED ha celebrado el contenido de esta sentencia, que viene a confirmar la urgencia de impulsar un marco normativo moderno y estable, que no genere desequilibrios entre formatos y canales, que ayude al crecimiento del sector y, sobre todo, que responsa a los grandes desafíos que la transformación digital y los nuevos consumidores plantean a nuestro sector.

Por su parte, PIMECO, Asociación del Pequño y Mediano Comercio de Mallorca, ha instado al gobierno balear que recurra el fallo judicial que anula la norma territorial cautelar. El presidente de PIMECO, Bernat Coll, considera que con esta sentencia "se da un paso atrás en la protección del pequeño y mediano comercio" y le pide al Consell "que ponga un techo y limite las grandes superficies".