¿Estamos preparados para acabar con la corrupción?

Medidas simples pueden ayudar a abordar los delitos en la empresa, tan presentes en el sector privado como en el público.

24/06/2016

Los casos de soborno y corrupción están sobre la mesa en todo el mundo. En los últimos años, muchos han sido los parlamentos que han presentado nuevas leyes y programas para luchar contra estos delitos, mientras los ciudadanos continúan saliendo a la calle para pedir medidas más duras contra la ...

Los casos de soborno y corrupción están sobre la mesa en todo el mundo. En los últimos años, muchos han sido los parlamentos que han presentado nuevas leyes y programas para luchar contra estos delitos, mientras los ciudadanos continúan saliendo a la calle para pedir medidas más duras contra la corrupción, especialmente contra cargos políticos, muchos de ellos obligados a dimitir. Pese a la relevancia mediática que han adquirido algunos de los casos de corrupción en el sector público, lo cierto es que varios escándalos de documentos filtrados han puesto el ojo en el sector privado. Y lo que se ha observado es que la llamada corrupción B2B –business to business o de negocio a negocio– está tan desarrollada como aquella en el sector público. El estudio realizado por Eversheds muestra un enorme avance en luchar contra la corrupción. Tras preguntar a más de 500 personas encargadas de dirigir una empresa en más de 12 países, el análisis es tajante al asegurar que prácticamente todas ellas (95%) consideran este asunto como importante, y que la mayoría cuenta con políticas anticorrupción. Varias de ellas señalan que han llegado a romper relaciones con clientes, proveedores y empleados al observar conductas delictivas.

La última década ha sido fundamental en gestionar los problemas de corrupción en la empresa, y a nivel global, muchas han reconocido los perjurios contra beneficios (61%) y reputación (20%) al estar asociadas a algún delito de este tipo. Es por ello que existe una mayor conciencia, pese a que en algunas culturas siga instaurada la máxima de que la corrupción es el precio de hacer negocios. Por el momento, el estudio señala que sólo un 50% de los encuestados cree que sus políticas anticorrupción son mejores que hace cinco años.

Abordar los problemas como parte del éxito

Muchos inversores consideran los asuntos de sobornos y de corrupción de una empresa antes de llevar a cabo negocios. Un 67% de los preguntados reconocía que llevan a cabo análisis específicos, para así evitar una herencia en la que tengan que hacerse cargo de pasivos y deudas que no les corresponden. En el mapa general de los 500 participantes de estos 12 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Suiza o Italia, pero también Singapur, Dubai, Brasil y China, hasta un 80% admitía haber descubierto casos de corrupción o sobornos en el seno de su empresa, aunque sólo un 41% lo hizo público. Casi la mitad de ellos (45%) habían sido detectados gracias a los empleados, lo que subraya la importancia de generar relaciones de transparencia con la plantilla para el bien de la empresa a todos los niveles. Para tratar estos casos, el estudio explica que hubo más de 400 acuerdos negociados. En ellos, los fiscales no llevan a cabo investigaciones a personas sospechosas de corrupción a cambio de acciones de indemnización. Esto equivale a más de 7.000 millones de dólares americanos en sanciones, y pone de manifiesto que las compañías valoran este tipo de acuerdos porque se evitan litigios, y de algún modo se gestiona el delito formalmente.

El caso de España

El Código Penal en nuestro país tiene ahora en el artículo 32 recursos para enfrentarse a casos de sobornos o tráfico de influencias si los empleados o directores de una empresa cometen estos delitos. Las penas a las que pueden enfrentarse son severas, ya que pueden llegar a nueve millones de euros, suspender el ejercicio de su actividad durante cinco años o que ésta sea gestionada judicialmente, e incluso tener la obligación de disolver la empresa. Sin embargo, el Código Penal contempla una importante defensa en los cargos presentados contra una compañía: en términos generales, si la compañía tenía puesta en marcha un programa de cumplimiento con la ley supervisado por algún organismo interno. La efectividad de este organismo no se encuentra completamente definido en el Código Penal, pero parece poco probable que si una compañía pueda beneficiarse de las ventajas de esta defensa si no había señalado antes los problemas percibidos. Por otra parte, según el Acta de Empresas y Corporaciones, las personas que forman la dirección de una compañía están consideradas como los avales de la buena conducta de la misma. En España, la dirección tiene una tarea legal de diligencia en lo que se refiere a la actividad de la empresa, lo que se traduce en supervisión, chequeo y control.

Más corrupción hoy, ¿menos mañana?

Si se ponen en común los efectos de este Acta y del Código Penal, lo cierto es que la dirección de una empresa podría ser acusada de responsabilidad penal personal si no consigue llevar a cabo las medidas suficientes para asegurar que los empleados no participen de ningún caso de corrupción o soborno. En otras palabras, si un director que no ha cometido ningún delito, podría ser perseguido por su omisión y su fracaso en prevenir algún delito en circunstancias particulares. Todo esto podría tomar un camino especialmente problemático si el empleado que llevó a cabo una conducta corrupta estaba o debería haber estado bajo supervisión directa de la dirección. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora no se han dado muchos de estos casos. Pese a ello, el estudio señala que con la trayectoria comenzada en España, esto no se hará esperar. En 2015, más de 2.442 personas fueron arrestadas por corrupción en España. Cinco años atrás, este número era tan sólo de 389. De los casos de corrupción, según señalaba el periódico La Información, 530 estuvieron relacionados con fraude a la Seguridad Social, 407 con el cohecho y 263 fueron delitos contra la Hacienda Pública. Hubo 320 casos de prevaricación administrativa y 266 de malversación, mientras que 174 casos estuvieron relacionados con la falsificación de subvenciones, 151 con los delitos societarios y 138 con el blanqueo de capitales. Por último, se sacaron a la luz 85 delitos por tráfico de influencias y 77 por prevaricación urbanísitica. Por ello, el estudio recomienda que desde la dirección de las empresas deben asumir el riesgo potencial de estos delitos, y actuar antes de que se produzcan. Esto es especialmente importante cuando se apunta que, en el caso de nuestro país, sólo el 40% de los preguntados cree que las políticas contra la corrupción funcionan bien en la práctica, y sólo un 15% de ellos entiende realmente estas medidas legales.

¿Estamos preparados para acabar con la corrupción?

Medidas simples pueden ayudar a abordar los delitos en la empresa, tan presentes en el sector privado como en el público.

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